Diez días después de haber formulado cargos en contra del presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial, y de haber abierto una investigación formal por la presunta violación de topes electorales durante la campaña de 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dará inicio al proceso de notificación a los involucrados.
El CNE, que ya elaboró la resolución con las pruebas recabadas por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, comenzará a citar de manera presencial a los implicados en un plazo de cinco días hábiles.
Los citados incluyen al presidente Gustavo Petro, su apoderado, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña, así como María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores de la campaña. También serán llamados los representantes legales de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Procedimiento de notificación y audiencia
Petro, Roa y los demás implicados no están obligados a asistir a la audiencia inicial y pueden esperar la notificación por correspondencia, lo cual podría retrasar el inicio formal de la investigación en aproximadamente una semana.
Tras la notificación, comenzará la etapa probatoria, en la que se solicitará a los involucrados la entrega de pruebas que puedan desvirtuar los cargos formulados por el CNE.
Posibles consecuencias
Una vez finalice la fase probatoria, los magistrados encargados deberán presentar una nueva ponencia a la Sala Plena del CNE, con base en las pruebas recogidas, para proceder a deliberar y tomar una decisión.
En el caso de que se determine que hubo una violación de los topes electorales, el CNE compulsará copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar a los aforados constitucionales, incluyendo al presidente.
Si la investigación avanza, el Congreso podría, conforme al artículo 119 de la Constitución, declarar al presidente Petro indigno para ejercer el cargo.
Para otros implicados, como Ricardo Roa, la situación es diferente. En su caso, el expediente sería trasladado a la Fiscalía General de la Nación, lo que podría acarrear sanciones judiciales adicionales. En cuanto a la campaña de Colombia Humana, el partido que avaló la candidatura de Gustavo Petro, podría enfrentarse a sanciones administrativas que incluso llegarían a la pérdida de su personería jurídica.
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