En horas de la madrugada, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer el borrador de un proyecto de ley que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de reformar o reemplazar la Constitución Política de 1991.
El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, quien afirmó que el país atraviesa un momento de “bloqueo institucional” que impide avanzar en las reformas estructurales que el Gobierno considera necesarias.
Según Montealegre, la iniciativa “se produce en un contexto de urgencia por transformar el país y adaptar sus instituciones a las necesidades del siglo XXI”.
Características del proyecto
El borrador plantea que la Asamblea Constituyente estaría conformada por 71 delegatarios, quienes sesionarían durante tres meses.
Este organismo tendría la facultad de modificar la totalidad de la Constitución vigente, y, adicionalmente, el Presidente de la República recibiría facultades extraordinarias por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley relacionados con los requisitos de los delegatarios.
El proyecto no contempla la disolución ni revocatoria del Congreso de la República, que continuaría en sus funciones.
Según el texto, la nueva Asamblea se enfocaría en principios de inclusión y equidad de género, garantizando paridad entre hombres y mujeres y reconociendo espacios de participación para sectores con identidades no binarias.
Montealegre calificó la propuesta como una “asamblea social”, orientada a construir nuevas bases institucionales que promuevan el cambio social y la justicia económica. “Queremos una Constitución que refleje el país diverso y moderno que somos, no la rigidez del pasado”, señaló el ministro.
Argumentos del Gobierno
El comunicado oficial del Ministerio de Justicia sostiene que algunas normas de la Carta de 1991 “han quedado desactualizadas”, mientras que otras “han sido utilizadas por sectores retardatarios para frenar las conquistas sociales”.
Para el Gobierno, la Asamblea Constituyente sería el mecanismo idóneo para impulsar las transformaciones pendientes del programa social y fortalecer la democracia participativa.
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