La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el deterioro de la seguridad en varias regiones de Colombia durante el primer semestre de 2026, entre ellas el aumento del 146 % en los ataques con drones entre enero y junio de 2026.
Estos hechos dejaron 21 personas muertas y 145 heridas, algunas con lesiones que podrían generar consecuencias permanentes.
Presentamos ante el Gobierno nacional y el país la Radiografía de los Derechos Humanos en Colombia, un documento construido a partir de fuentes oficiales y del trabajo territorial que realiza la Defensoría del Pueblo.
Esta radiografía permite identificar tanto los avances… pic.twitter.com/3hxSZ5bRNG
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 24, 2026
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Asimismo, la violencia también ha obligado a miles de familias a abandonar sus territorios.
Según la Defensoría, desde 2017 cerca de 395.000 personas han sido desplazadas por el conflicto armado.
Quienes permanecen en las zonas afectadas enfrentan otros riesgos, entre ellos el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
La cifra de menores desvinculados de grupos armados pasó de 318 en 2024 a 420 en 2025.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el informe reúne información oficial y los datos que la entidad recopila directamente en los territorios.
Más de 1.700 líderes asesinados
Los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos también continúan siendo blanco de los grupos armados.
De acuerdo con el informe, 1.743 líderes han sido asesinados entre 2019 y 2026.
La Defensoría señaló que las cifras permiten identificar las principales brechas en materia de derechos humanos y los sectores donde se requieren mayores esfuerzos del Estado.
Deforestación y cultivos de coca
El informe también advierte sobre los efectos ambientales del conflicto y el narcotráfico. Colombia registró un aumento del 5,2 % en la deforestación, hasta alcanzar unas 119.000 hectáreas en 2025.
A esto se suman cerca de 261.000 hectáreas de cultivos de coca, que representan una fuente de financiación para estructuras dedicadas al narcotráfico.
La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer la respuesta estatal para proteger a las comunidades, reducir la violencia y garantizar los derechos de las poblaciones afectadas por el conflicto armado.
