La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (ASOBARES) hizo un llamado público y respetuoso a los alcaldes y mandatarios locales del país para que se abstengan de decretar la Ley Seca durante la consulta interpartidista que se llevará a cabo este fin de semana.
El gremio argumenta que, tras los resultados de los recientes Consejos Municipales y Locales de Juventud, donde se evidenciaron altos niveles de abstención y baja participación ciudadana, no existen razones suficientes que justifiquen restricciones excepcionales a la libertad económica.
Según ASOBARES, este tipo de jornadas no generan un flujo masivo de votantes ni presentan condiciones de orden público que requieran medidas de esta naturaleza.
Asimismo, la asociación recordó que el pasado jueves 16 de octubre, el Ministerio del Interior expidió el Decreto 1090, en el cual no se establece la aplicación de la Ley Seca para ninguno de los dos fines de semana correspondientes a las elecciones de los Consejos de Juventud ni a la consulta interpartidista.
En ese sentido, ASOBARES señaló que no existe fundamento normativo por parte del Gobierno nacional que respalde la imposición de esta medida.
El gremio también destacó el impacto económico que tendría un eventual cierre de los establecimientos.
El sector de bares, gastrobares y restaurantes genera más de 1.680.000 empleos directos e indirectos en el país, siendo el tercer sector con mayor ocupación laboral en Colombia.
De estos empleos, el 58% corresponde a mujeres y el 28% a jóvenes entre 18 y 28 años, por lo que cualquier restricción injustificada afecta directamente el sustento de miles de familias, así como la tributación y los aportes en salud, educación y deporte.
ASOBARES recordó además que el Decreto 1740 de 2017 define los principios constitucionales que deben regir la adopción de medidas restrictivas como la Ley Seca, entre ellos la proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y temporalidad.
“Imponer una ley seca para una consulta interna, sin evidencia empírica ni sustento normativo, constituye un uso desproporcionado de la autoridad y genera afectaciones económicas injustificadas”, puntualizó el gremio.
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