Una nueva controversia surgió tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de que se conociera el contenido del artículo 90, señalado por sectores políticos y expertos como un “mico” que podría poner en riesgo el ahorro pensional de los colombianos.
El texto, aprobado por el Congreso, autoriza al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) a realizar modificaciones presupuestales entre los sectores de Trabajo e Inclusión Social mediante decreto, con el fin de implementar la reforma pensional si la Corte Constitucional la avala.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un mecanismo técnico para garantizar la financiación de los nuevos pilares del sistema —especialmente el solidario y el semicontributivo—, la oposición advierte que esta facultad abre la puerta a un uso discrecional de los recursos sin control legislativo.
Expertos en el sector advierten que, aunque el Ejecutivo ya cubre faltantes del régimen público, este artículo podría permitir movimientos de dinero sin reglas claras ni supervisión del Congreso, generando un precedente riesgoso de “reglamentación por decreto” en materia de seguridad social.
La reforma pensional, aprobada en 2024, continúa bajo revisión de la Corte Constitucional, que deberá decidir si cumple con los principios de legalidad y deliberación.
Hasta entonces, el artículo 90 queda en suspenso, pero ya refleja las tensiones entre la urgencia fiscal del Gobierno y las preocupaciones institucionales por la transparencia en el manejo de los fondos pensionales.
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