Hoy lunes a las 8:30 de la mañana, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dará a conocer el sentido del fallo en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta cargos por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
El caso, de enorme trascendencia política y jurídica, podría marcar la primera vez en la historia contemporánea que un exmandatario colombiano es condenado penalmente.
La decisión se produce luego de un extenso proceso judicial derivado de las denuncias formuladas en 2012 por el entonces senador Iván Cepeda, quien señaló a Uribe de intentar manipular a exparamilitares para que se retractaran de testimonios que lo vinculaban con grupos armados ilegales.
Las investigaciones posteriores concluyeron en 2018 que el abogado Diego Cadena, en nombre de Uribe, habría contactado a testigos como Juan Guillermo Monsalve con el fin de inducir declaraciones favorables al expresidente.
El juicio formal arrancó en marzo de 2024 y acumuló 67 días de audiencias en las que se escucharon 107 testimonios —37 presentados por la Fiscalía y 70 por la defensa.
La fiscal del caso, Marlenne Orjuela, aseguró que existió una estrategia coordinada de manipulación de testigos, con pruebas que incluyen cartas presuntamente fabricadas, interceptaciones telefónicas y grabaciones obtenidas de forma encubierta.
La Fiscalía sostiene que Uribe actuó como determinador de los actos del abogado Cadena, quien habría ofrecido beneficios a testigos presos para que cambiaran sus declaraciones.
Entre los testigos clave figuran Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, exintegrantes de grupos paramilitares, quienes señalaron haber recibido presiones para favorecer al exmandatario.
Por su parte, la defensa de Uribe, encabezada por los juristas Jaime Granados y Jaime Lombana, negó cualquier responsabilidad penal del expresidente.
Alegan que, si bien Cadena cometió errores profesionales, estos ocurrieron sin el conocimiento ni la autorización de Uribe.
Además, insistieron en que el proceso ha estado marcado por una fuerte presión mediática y una supuesta instrumentalización política del sistema judicial, lo que describieron como “lawfare”.
Durante la audiencia final, la fiscal Orjuela solicitó una condena con base en la gravedad de los hechos y la calidad de los testigos presuntamente manipulados.
En contraste, la Procuraduría General de la Nación pidió la absolución, señalando la ausencia de pruebas concluyentes que comprometan directamente al expresidente, una posición que generó controversia por el choque entre instituciones del Estado.
Granados, en su intervención, recalcó que no existen evidencias directas que demuestren que Uribe haya ordenado alguna conducta delictiva.
A su turno, Lombana argumentó que su cliente está siendo juzgado en igualdad de condiciones, sin fueros ni privilegios, y reiteró su confianza en la imparcialidad de la jueza Heredia.
Añadió que la defensa no ha buscado dilatar el proceso y que la actuación del expresidente ha sido transparente y respetuosa del debido proceso.
El fallo que se conocerá hoy marcará un punto de inflexión, tanto jurídica como políticamente.
De ser hallado culpable, Uribe podría enfrentar una condena de entre 6 y 12 años de prisión, aunque dadas su edad y trayectoria, podría aspirar a una pena domiciliaria si la condena no supera los ocho años.
Sin embargo, si es absuelto, aún quedaría abierta la posibilidad de una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Existe también un tercer escenario: la prescripción. Si no se emite una sentencia en segunda instancia antes de octubre de 2025, el caso podría cerrarse por vencimiento de términos, evitando así cualquier sanción definitiva.
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