El Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por el abogado Santiago Suárez Morales, que busca anular la resolución 345 del 30 de agosto de 2024, emitida por el Gobierno Nacional.
Dicha resolución designa a cuatro personas como gestores de paz para que, desde su experiencia, contribuyan a la estructuración del proceso de paz con el grupo FARC-EP.
Según el demandante, esta resolución otorga a personas responsables de crímenes graves un “estatus privilegiado”, eximiéndolos de responsabilidad penal y permitiéndoles ejercer roles de influencia en un proceso que, a su juicio, debería estar orientado hacia la justicia y la reparación de las víctimas.
Suárez Morales argumenta que la decisión de incluir a estos excombatientes vulnera principios de la Constitución Política, específicamente los artículos 1, 2, 13, y 22, además de disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Los cuatro gestores de paz designados por el gobierno son:
1. Edgar de Jesús Orrego Arango, alias “Leo” o “Firu”, conocido cabecilla del frente 36 en Antioquia.
2. Diego Armando Vargas Betancourt, alias “Boyaco”.
3. Yenser Yosony Duque, alias “Oliver Gonzales”.
4. María Alejandra Ojedo.
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