La Familia de la Calle, una organización dedicada a velar por los derechos de los trabajadores informales y vendedores ambulantes en la ciudad, ha hecho pública una denuncia sobre el incumplimiento de la Política Pública de Medellín que busca proteger y garantizar los derechos de este sector.
Según la organización, a cuatro meses de la nueva administración municipal, las garantías prometidas no se están cumpliendo, generando preocupación entre sus miembros.
Lubin Torres, líder social y portavoz de La Familia de la Calle, ha explicado a Caracol Radio que una de las principales quejas radica en los procedimientos irregulares utilizados en los operativos de recuperación del espacio público.
Según Torres, se ha detectado abuso por parte de la fuerza pública, persecución y vulneración del debido proceso hacia los trabajadores populares.
«La persecución se da de tres maneras: a través de los operativos de recuperación del espacio público, las incautaciones de los medios de trabajo y el hostigamiento de los reguladores del espacio público hacia los trabajadores», señaló Torres.
La veeduría ha revelado que, en lugar de seguir los pasos establecidos en el procedimiento, como una sensibilización previa con acompañamiento de la Personería de Medellín y la exploración de alternativas económicas para los trabajadores, los operativos se enfocan directamente en la incautación de los medios de trabajo, perjudicando la actividad económica de las personas afectadas.
Según las reclamaciones, esta situación no es nueva y se temía que empeorara con la actual administración. Torres comentó: «Hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que la persecución había disminuido en la administración anterior en un 56%. Por ejemplo, en la administración de Federico Gutiérrez, por día se realizaban 10 operativos de incautación, mientras que en la administración anterior se hacían 4, lo que era más favorable para los trabajadores populares».
Ante esta problemática, La Familia de la Calle ha presentado un pliego de peticiones a la administración distrital con el objetivo de buscar soluciones efectivas. Algunas de las solicitudes incluyen el cese de la persecución, la entrega de permisos para los trabajadores informales, el respeto al debido proceso y la implementación de políticas públicas específicas para este sector vulnerable.
La organización ha manifestado su preocupación por el incumplimiento del acuerdo 042 del 2014, que hasta ahora ha sido pasado por alto, afectando los derechos de la población más vulnerable de la ciudad, como migrantes, cabezas de familia y adultos mayores.
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