El expresidente Álvaro Uribe Vélez reapareció en sus redes sociales con un extenso comunicado en el que hace un fuerte señalamiento contra sectores del actual gobierno y del llamado “Petro-Santismo”.
Según el exmandatario, su proceso judicial ha estado marcado por lo que califica como una «persecución política» articulada desde el acuerdo de paz con las FARC y promovida por actores cercanos a los expresidentes Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.
En una publicación dividida en diez puntos a través de su cuenta de X (antes Twitter), Uribe hace un recuento detallado de los hechos que, según él, han afectado la legitimidad de su caso desde que fue iniciado en 2018.
El exjefe de Estado insiste en que todo comenzó con más de 20.000 interceptaciones telefónicas ilegales ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que inicialmente estaba dirigido a otro congresista, pero que terminó siendo redirigido hacia él.
“Fue un error técnico transformado en una decisión deliberada”, afirma Uribe, quien agrega que entre las conversaciones interceptadas se incluyeron comunicaciones con su abogado, lo que a su juicio representa una grave violación a su derecho a la defensa.
Uno de los puntos centrales de sus denuncias gira en torno al magistrado César Reyes, quien recibió su indagatoria y, diez meses después, ordenó su detención domiciliaria.
Uribe sostiene que Reyes debió declararse impedido debido a evidentes conflictos de interés: “Fue colega de trabajo de la esposa del senador Iván Cepeda y contratista del gobierno Santos para temas relacionados con el proceso de paz en La Habana, del cual fui uno de los más firmes opositores”.
Asimismo, critica que el magistrado Reyes promoviera una recusación contra la magistrada Cristina Lombana —quien había asumido inicialmente el estudio del proceso—, sin haber declarado sus propios vínculos.
Según Uribe, la Corte y el Consejo de Estado aplicaron estándares distintos de imparcialidad, dependiendo del caso.
El expresidente también cuestionó la actuación del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional, quien fue ponente de la decisión que permitió que la indagatoria de la Corte Suprema tuviera los mismos efectos jurídicos que una imputación por parte de la Fiscalía, lo que permitió la continuidad del proceso a pesar de su renuncia al Senado.
Uribe afirmó que Linares, nombrado por el expresidente Santos, “filtró la ponencia al periodista Daniel Coronell, su amigo personal”, y permitió la transmisión irregular del debate, hecho que llevó a suspender la audiencia constitucional.
Según el exmandatario, Linares admitió públicamente haber recibido una llamada del expresidente Santos durante el proceso.
En sus señalamientos, Uribe también menciona al exfiscal general Eduardo Montealegre, a quien califica como “supuesta víctima” de su parte.
Recuerda que durante la administración de Montealegre como fiscal, su hermano Santiago Uribe fue enviado a prisión en un caso del que ya fue absuelto en primera instancia.
El comunicado concluye con referencias a una testigo clave en su caso, que actualmente se encuentra asilada en el extranjero.
Según Uribe, esta persona recibió apoyo del senador Iván Cepeda y ha sido señalada por inteligencia militar y por habitantes de su lugar de origen como presunta integrante de las FARC.
Además, asegura que existen denuncias contra ella por lavado de activos relacionadas con la adquisición de una finca.
Cabe recordar que el próximo lunes 28 de julio, a las 8:30 a.m., la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, leerá su veredicto tras un juicio sin precedentes que podría concluir con una absolución o una condena por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
También pueden leer: La propaganda del bla, bla, bla
1/2 La persecución política en etapas del proceso contra mí. (Juega el Petro-Santismo y La Habana)
(He tenido todo el respeto por la señora Juez y con todo el respeto contradije a la señora Fiscal).
1
Interceptaciones ilegales y violatorias de las comunicaciones abogado…
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2025
