El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden dirigida al Pentágono para iniciar el uso de fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha clasificado como organizaciones terroristas extranjeras (OTE).
La medida, revelada por The New York Times, abre la puerta a operaciones militares directas, tanto en el mar como en territorio extranjero, contra los grupos señalados.
En febrero, el Departamento de Estado oficializó la inclusión de ocho organizaciones criminales en la lista de OTE y de Terroristas Globales Especialmente Designados: el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los Cárteles Unidos.
La administración Trump argumenta que estas organizaciones no solo controlan amplias redes de narcotráfico, sino que también han cometido actos de violencia y corrupción que trascienden las fronteras.
El gobierno señaló especialmente al Tren de Aragua, al que describe como “una organización transnacional originada en Venezuela con células en Colombia, Perú y Chile, y reportes de actividad en Ecuador, Bolivia y Brasil”.
Según Washington, este grupo ha ejecutado secuestros, extorsiones, sobornos a funcionarios, ataques contra agentes de seguridad estadounidenses y el asesinato de un opositor venezolano.
Para la Casa Blanca, la designación de estos grupos como terroristas y el despliegue de recursos militares representan el paso más agresivo hasta la fecha en su campaña contra el narcotráfico, especialmente por el creciente flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Trump ha calificado la amenaza como “mayor que la que representa el crimen organizado tradicional”.
Fuentes del Pentágono citadas por The New York Times confirmaron que ya se están evaluando estrategias para ejecutar posibles operativos militares contra estos cárteles.
Hace apenas dos semanas, Washington sumó al Cártel de los Soles —que según el gobierno estadounidense estaría liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y altos miembros de su administración— a la lista de terroristas globales.
En paralelo, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron el incremento de la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares.
La fiscal general Pam Bondi reafirmó la postura de la administración Trump: “No escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.
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