La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el magistrado ponente Rodrigo Vergara Cortés, admitió para estudio la demanda interpuesta por José Manuel Martínez Holguín contra la tasa de seguridad aprobada por la Asamblea Departamental.
Este impuesto, que ya ha iniciado su proceso de facturación en el primer ciclo, ha generado controversia y oposición en diversos sectores.
Se trata del tercer proceso legal en contra de este cobro, sumándose a las demandas previamente presentadas por los diputados Luis Eduardo Peláez y Manuel García.
La controversia se centra en la legalidad y la implementación de la tasa, así como en su impacto sobre los habitantes de Antioquia.
¿En qué consiste la tasa de seguridad?
La tasa de seguridad fue establecida mediante una ordenanza de la Asamblea de Antioquia y establece un cobro adicional por cada kilovatio hora consumido en el departamento.
La medida, que entró en vigencia el 1 de enero de 2025 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027, tiene como objetivo principal la financiación de tecnología y estrategias para mejorar la seguridad en la región.
Retrasos en la facturación
Aunque la Gobernación de Antioquia ha asegurado que ya se han entregado facturas a varios usuarios a través de 15 distribuidoras, muchos habitantes del departamento aún no han recibido el primer cobro.
El principal motivo del retraso radica en Empresas Públicas de Medellín (EPM), que aún no ha suministrado la base de datos de sus clientes.
La empresa argumenta que se encuentran en proceso de perfeccionamiento de los acuerdos de confidencialidad con la compañía Valor +, encargada de la facturación del tributo.
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