En rueda de prensa, el superintendente Luis Carlos Leal Angarita, dio a conocer algunos de los hallazgos preliminares que ha arrojado la inspección de EPS intervenidas como Sanitas, Nueva EPS, y S.O.S EPS.
Según el interventor, las situaciones encontradas han confirmado que las decisiones tomadas de entrar a intervenir las empresas prestadoras de salud en cuestión ha sido positivo para proteger la prestación del servicio a los usuarios.
En el caso de Sanitas, la SuperSalud informó que encontró, de manera preliminar un gasto por $104.226 millones en la operación de centros médicos, aclarando que ese monto debía ser asumido por las IPS y no por la EPS, aunque pertenezcan al mismo operador.
«Mucho menos cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo. Esto, es lo que se conoce como integración vertical, puesto que se estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes», señaló Leal.
El informe preliminar del interventor de Sanitas también da cuenta de inversiones y firma de contratos sin una finalidad específica que le genere un beneficio a la EPS en la atención de los usuarios que tiene a su cargo.
«Además, falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la implementación de criterios para la priorización», dijo el superintendente sobre esta EPS.
Según la entidad de vigilancia, tener claridad en este análisis permite establecer la capacidad de atención de la EPS, además de priorizar la misma según las patologías de los pacientes, por lo que no es un detalle menor, que debería estar al día.
Luis Carlos Leal también puso sobre el tapete un contrato que firmó Sanitas con un proveedor para el suministro y dispensación de medicamentos, pero con una cláusula de exclusividad lo que impediría que la EPS tenga margen de maniobra para entregar a sus usuarios las fórmulas requeridas.
El caso de Nueva EPS dista bastante del informe de Sanitas, ya que el superintendente informó que a la hora de tomar posesión de la entidad encontraron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más de $4,4 billones, estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros que acumulan un valor de $5,7 billones.
Esta situación dejaría en evidencia que la situación financiera de Nueva EPS es más compleja de lo que se presumía antes de su intervención.
Otro hallazgo en Nueva EPS evidenció que la entidad hacía los pagos a los prestadores de salud, pero no verificaba que el servicio hubiese sido efectivamente prestado por lo que no pedía reportes ni realizaba ningún tipo de seguimiento, generando un detrimento en la atención de los pacientes.
Adicional a esto, según el interventor, escondieron facturas que no se reportaron al sistema de salud, acumulando un pasivo del que no tenía conocimiento el gobierno ni las autoridades competentes, afirmación desmentida por Enrique Vargas Lleras, ex miembro de la junta directiva de la EPS.
«Pese a que existe contratación del 100% de las atenciones de la ruta de promoción
y mantenimiento de la salud, se evidencian para la vigencia 2023 las más bajas
coberturas en varios programas», aseguró Leal Angarita.
Estos hallazgos generan incertidumbre en el sistema de salud colombiano, a lo que se suma la solicitud de Sura de retirar su EPS, misma solicitud que hizo la EPS Bolívar, para quedarse únicamente con planes de aseguramiento privado.
Aún no se conoce una ruta clara del gobierno nacional para atender a los colombianos que quedarían en el limbo ante la llegada a su fin de algunas de las EPS más importantes del país.
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La convocatoria la realiza la @GobAntioquia a través de @VIVAantioquia y estará activa estará activa hasta el 21 de junio y podrán aplicar aquellos ciudadanos que requieran mejoramientos de vivienda no estructural.https://t.co/NKF2kzQFq1
— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) June 6, 2024
