Las agencias calificadoras de riesgo crediticio Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s tomaron una decisión que sacude el panorama económico de Colombia: ambas redujeron la calificación de la deuda soberana del país, en respuesta al creciente deterioro fiscal y a la débil perspectiva económica nacional.
S&P rebajó la nota colombiana a ‘BB’ desde ‘BB+’, ubicándola dos escalones por debajo del grado de inversión, y asignó una perspectiva negativa.
Por su parte, Moody’s redujo la calificación a «Baa3» desde «Baa2», el nivel más bajo dentro del rango de grado de inversión, aunque mantuvo una perspectiva estable.
En su informe, S&P advirtió que “la perspectiva negativa refleja el riesgo de que el constante deterioro fiscal pueda persistir durante varios años, acompañado de crecientes desafíos de seguridad, lo que podría agravar aún más el perfil financiero del país”.
La agencia señaló además que existe la posibilidad de una nueva rebaja en los próximos 12 a 18 meses si el Gobierno no implementa políticas eficaces y oportunas para estabilizar las cuentas públicas y contener el crecimiento de la deuda.
Entre los factores de preocupación citados por S&P se incluyen una limitada flexibilidad fiscal, una elevada carga de deuda, una débil posición externa —marcada por términos de intercambio volátiles— y un nivel de PIB per cápita moderado.
Por su parte, Moody’s justificó la degradación crediticia señalando un “deterioro más pronunciado de lo esperado en las métricas de deuda del Gobierno, que probablemente se mantendrá durante los próximos años”.
La agencia expresó su inquietud sobre el rumbo de las finanzas públicas colombianas, cuya fragilidad quedó en evidencia tras la reciente revisión al alza de las necesidades de financiamiento del país para el presente año.
El Gobierno colombiano decidió aumentar su meta de déficit fiscal para 2025 a un 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), desde un 5,1% previamente proyectado.
Para 2026, el déficit estimado será del 6,2%. Esta decisión vino acompañada del uso de la cláusula de escape fiscal, mecanismo que permitió suspender temporalmente la regla fiscal que, desde 2011, regula los límites de gasto y endeudamiento del Estado.
Pese a este complejo panorama, el Ejecutivo mantiene expectativas de crecimiento económico.
Para 2025 se proyecta un incremento del PIB del 2,7%, ligeramente superior al 2,6% anterior, y para 2026 se prevé una expansión del 3%.
No obstante, las advertencias de las calificadoras reflejan un ambiente de creciente desconfianza en los mercados.
“Las preocupaciones sobre la trayectoria a largo plazo de la política fiscal podrían dañar el sentimiento de los inversores y contribuir a un pobre desempeño económico”, concluyó S&P.
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