la Asamblea Nacional de Venezuela recibió las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, marcando uno de los movimientos institucionales más relevantes del país en años recientes.
La secretaria del Parlamento informó durante una sesión que Saab y Ruiz remitieron comunicaciones oficiales entregadas al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en las que ponen sus cargos a disposición.
La acción activa de inmediato el mecanismo previsto en el artículo 279 de la Constitución para reemplazar a las máximas autoridades del llamado Poder Ciudadano.
🔁EL ENROQUE: DE ACUSADOR A DEFENSOR
Tarek William Saab renuncia como Fiscal General del Régimen, y la AN chavista lo nombra defensor del pueblo encargado.#ElDato Saab antes de ser Fiscal General, fue defensor del pueblo de 2014 a 2017 pic.twitter.com/Bt1PQGwxHG
— YOYOPRESS NOTICIAS (@YOYOPRESS) February 25, 2026
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Proceso de sustitución y nombramientos provisionales
Tras aceptar las dimisiones, la directiva de la Asamblea declaró urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día la conformación de un Comité de Evaluación de Postulaciones que reciba candidaturas, revise credenciales y prepare ternas para la elección de los nuevos titulares.
Mientras tanto, el Parlamento designó nombramientos interinos: Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general encargado y, según informes oficiales, Saab asumirá temporalmente la Defensoría del Pueblo hasta que se elijan los reemplazos definitivos.
Quién era Tarek William Saab
Abogado, poeta y figura histórica del chavismo desde los años noventa, Saab estuvo vinculado a altos cargos públicos durante décadas.
Fue diputado, gobernador del estado Anzoátegui y defensor del pueblo antes de asumir la Fiscalía en 2017, inicialmente por designación de la Asamblea Nacional Constituyente.
En octubre de 2024 fue ratificado por la Asamblea —entonces controlada por el chavismo— para un mandato que iba hasta 2031.
Como fiscal general, Saab fue una de las figuras más influyentes del sistema judicial venezolano. Desde el gobierno se presentó su gestión como una “reorganización institucional” tras la crisis política de 2017.
Bajo su dirección, el Ministerio Público lideró investigaciones anticorrupción y casos vinculados a protestas políticas, aunque también fue ampliamente criticado por organizaciones opositoras y organismos internacionales por actuar alineado al Ejecutivo y en contra de líderes opositores.
La salida simultánea de estos dos altos funcionarios se produce en un contexto de cambios políticos tras la caída del expresidente Nicolás Maduro y la aprobación de una ley de amnistía que beneficia a presos políticos, lo que podría marcar una nueva fase en la institucionalidad venezolana.
