La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia que vinculan a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, con un presunto caso de corrupción en el marco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La congresista habría estado involucrada en irregularidades relacionadas con una orden de proveeduría por un valor de $2.170 millones de pesos, destinados a la contratación de maquinaria amarilla y volquetas para la recuperación del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.
Según la fiscal de apoyo ante el alto tribunal, Andrea Muñoz, la senadora Peralta Epieyú habría mostrado un interés indebido en la contratación junto a los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La orden de proveeduría, emitida el 25 de octubre de 2023, estaba destinada a la adquisición de 7.500 horas de maquinaria para labores de recuperación en la región.
Sin embargo, las investigaciones sugieren que estos recursos podrían haber sido desviados o mal utilizados.
Las copias compulsadas llegaron el pasado viernes por la tarde a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y quedaron en manos de la magistrada Cristina Lombana, quien deberá decidir si se abre una investigación formal en contra de la senadora.
Este paso es crucial, ya que la Corte Suprema es el órgano competente para investigar a los miembros del Congreso de la República.
La senadora desmiente las acusaciones
En respuesta a las acusaciones, la senadora Martha Peralta Epieyú emitió un comunicado en el que negó categóricamente cualquier participación en actos de corrupción.
“Nunca he sostenido reuniones, negociaciones o acuerdos con el señor Olmedo López, Sneyder Pinilla o cualquier contratista de la UNGRD con el propósito de direccionar contratos, favorecer intereses de terceros o participar en cualquier acto contrario a la ley, la ética o la transparencia en el ejercicio de mi labor”, afirmó la congresista.
Peralta Epieyú, oriunda de La Guajira, aseguró que su trabajo siempre ha estado enfocado en el bienestar de las comunidades más vulnerables de su región y rechazó cualquier intento de vincularla con actos ilícitos.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la presentación de las copias compulsadas, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar las pruebas y decidir si procede a abrir una investigación formal en contra de la senadora.
Este caso se suma a una serie de escándalos que han sacudido a la UNGRD en los últimos meses, poniendo en evidencia presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados a la atención de desastres y emergencias en el país.
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