El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la custodia del menor de edad que participó en el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
El adolescente deberá cumplir una sanción de siete años en un centro especializado, luego de que un juez de infancia y adolescencia le impusiera la medida tras aceptar cargos en audiencias reservadas.
Durante la diligencia de acusación, realizada el pasado 4 de agosto, el joven reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Siete días después, se produjo el ataque que le costó la vida a Uribe Turbay.
Contactado para ejecutar el crimen
Las investigaciones revelaron que el menor fue convencido para llevar a cabo el ataque armado. Tras disparar contra el dirigente político, intentó huir, pero fue interceptado por miembros del esquema de seguridad de Uribe y entregado a las autoridades.
El fallo judicial se fundamentó en la proporcionalidad de la sanción frente a la gravedad de los hechos, aunque abrió un fuerte debate nacional sobre el uso de adolescentes en acciones criminales.
Familia Uribe pide justicia
Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, manifestó que la condena no es suficiente y pidió que se judicialice con el máximo rigor a los mayores de edad que planearon y ordenaron el crimen.
“Los autores materiales mayores de edad deben responder ante la justicia con la mayor rigurosidad en las penas. Y así mismo los autores determinadores, los autores mediatos y los investigadores”, afirmó Mosquera.
Debate sobre la ley de responsabilidad penal juvenil
El caso reabrió la discusión sobre la necesidad de reformar la legislación penal juvenil en Colombia.
Algunos sectores plantean que los menores reclutados para delinquir deberían recibir penas equivalentes a las de los adultos, mientras que otros defienden la normatividad vigente, que establece un trato diferenciado.
Camilo Rojas, exviceministro de Justicia, recordó que la sanción debe cumplirse en un centro especializado para adolescentes, incluso si el infractor alcanza la mayoría de edad durante su reclusión.
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