Un total de 30 aves silvestres y una tortuga morrocoy fueron rescatadas durante un operativo realizado en una vivienda de Medellín, en una acción conjunta entre las autoridades ambientales, la Fuerza Pública y la Fiscalía.
Los animales fueron hallados en condiciones de cautiverio y posteriormente trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) para recibir atención especializada.
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El procedimiento fue adelantado por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, el Ejército Nacional y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como parte de las acciones para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre en la región.
Tras la valoración médica inicial, los especialistas identificaron en las aves signos de sobrecrecimiento de pico y uñas, pérdida de plumaje, deficiencias nutricionales, condiciones inadecuadas de alojamiento y afectaciones derivadas del estrés crónico ocasionado por el cautiverio. En el caso de la tortuga morrocoy, se evidenció una deformación en el caparazón y síntomas asociados con enfermedad metabólica ósea.
Según explicó Álvaro Zapata, líder de vigilancia ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre los ejemplares recuperados hay especies catalogadas como vulnerables, cuya permanencia en cautiverio incrementa el riesgo de desaparición debido a amenazas como la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal.
Entre las especies rescatadas se encuentran turpiales, cardenales guajiros, sinsontes, tángaras reales, loros frentiamarillos y azulejos comunes, aves que suelen ser capturadas por el atractivo de su canto y colorido. Además de su valor ecológico, cumplen funciones esenciales como la dispersión de semillas y el control de insectos en diferentes ecosistemas.
Las autoridades informaron que, en lo corrido de 2026, se han rescatado 654 aves mediante operativos y entregas voluntarias en el territorio metropolitano, mientras que desde 2024 la cifra supera los 2.500 ejemplares recuperados en el Valle de Aburrá, lo que evidencia la persistencia del tráfico ilegal de fauna silvestre como una de las principales amenazas para la biodiversidad regional.
Finalmente, el Área Metropolitana recordó que la extracción, tenencia, movilización y comercialización de fauna y flora silvestre constituye un delito que puede acarrear penas de entre cinco y once años de prisión, además de multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales.
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