La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal, emitió un concepto al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que solicita sancionar al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
De acuerdo con el Ministerio Público, tras una revisión detallada de las evidencias recolectadas en el marco de la investigación, se determinó que durante la primera vuelta electoral se superaron los topes de financiación fijados por el CNE en más de $154.262.381.
Además, el ente de control advierte que durante la segunda vuelta se presentaron omisiones graves en los reportes de gastos, en particular relacionados con el evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.
Según el informe, el valor real del evento fue $100 millones superior a lo reportado oficialmente ante el CNE, suma que habría sido cubierta por un tercero, lo cual constituye un ocultamiento de información por parte de Roa.
En este contexto, la Procuraduría solicitó al CNE sancionar a Ricardo Roa en su calidad de gerente de campaña, así como a Lucy Aydee Mogollón Alfonso (tesorera), María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez (auditores), todos vinculados a la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico.
El concepto de la Procuraduría plantea imponer una sanción solidaria que incluye el pago de una multa equivalente al 1% del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña en la primera vuelta, así como la devolución de los $154.262.381 que superaron el límite autorizado.
En igual sentido, se plantea sancionar por las irregularidades detectadas en la segunda vuelta.
El pronunciamiento del órgano disciplinario será evaluado por el Consejo Nacional Electoral, encargado de determinar las sanciones administrativas correspondientes.
Hasta el momento, ni Ricardo Roa ni los demás señalados se han pronunciado públicamente sobre el concepto emitido por la Procuraduría.
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