El procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Bladimir Cuadro, radicó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un extenso documento de 81 páginas con el que busca que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea absuelto en la segunda instancia del proceso que enfrenta por fraude procesal y soborno a testigos.
En su escrito, Cuadro sostiene que la sentencia emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia —vigente desde el pasado 1 de agosto— presenta vacíos en la valoración de las pruebas y errores en la apreciación objetiva de los elementos presentados durante el juicio.
“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, señaló el procurador en su apelación.
La postura del Ministerio Público no tomó por sorpresa, pues ya en los alegatos finales Cuadro había pedido la absolución del exmandatario, argumentando que no existía evidencia concluyente para atribuirle responsabilidad penal en los hechos investigados.
Uno de los puntos centrales de su argumentación gira en torno a las interceptaciones telefónicas que vinculan a Uribe con su entonces abogado Diego Cadena y personas de su círculo cercano.
Según el procurador, el contenido de dichas conversaciones no demuestra intención alguna de sobornar testigos; por el contrario, reflejaría la instrucción de actuar dentro de los límites de la ley.
En su concepto, la sentencia de primera instancia no examinó con el detalle necesario si el expresidente tenía el grado de conocimiento exigible para ser considerado determinador de los episodios acusados.
Por su parte, la jueza Heredia concluyó en su fallo que Uribe no fue víctima de un supuesto complot judicial —como él lo sostuvo—, sino el determinador de una red que buscó manipular testigos para su beneficio y en perjuicio del senador Iván Cepeda.
Actualmente, Uribe Vélez cumple prisión domiciliaria en su residencia de la vereda El Tablazo, en Rionegro (Antioquia).
El pasado viernes difundió un video en el que reiteró su rechazo al fallo y aseguró que continuará luchando contra lo que denominó “neo-comunismo”.
El fallo condenatorio en primera instancia lo sentenció a 12 años de prisión, lo inhabilitó por 100 meses para ejercer cargos públicos y le impuso una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados, tiene plazo hasta el próximo martes 13 de agosto, a las 5:00 p. m., para presentar sus argumentos técnicos de apelación.
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