El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, solicitó a la Procuraduría abrir una investigación previa contra la senadora Isabel Zuleta por una presunta intromisión ilegítima del Legislativo en asuntos de seguridad del Estado.
La petición se sustenta en una investigación periodística que advierte que la congresista habría intentado acceder a información confidencial de inteligencia y a las identidades de agentes de la Policía que adelantan operativos contra la minería ilegal en Antioquia.
Según De Bedout, Zuleta habría solicitado datos reservados como nombres, rangos, dependencias y detalles operativos, lo que —a su juicio— excede el control político y pone en riesgo la seguridad nacional.
El concejal cuestionó el objetivo de estas solicitudes y señaló que este tipo de actuaciones representan un peligro para la ciudad, el departamento y el país, especialmente en zonas donde la senadora tiene influencia política.
#PRIMICIA | He radicado queja formal ante la Procuraduría contra la senadora Isabel Zuleta @ISAZULETA
Acabamos de solicitar la apertura inmediata de una indagación previa por una presunta "incursión flagrante e ilegítima" del Legislativo en la seguridad del Estado. Existe una… pic.twitter.com/0ppQpKhAZ3
— Alejandro De Bedout (@alejodebedout) February 2, 2026
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Ante las acusaciones, Isabel Zuleta respondió en su cuenta de X que realizó un derecho de petición a la Policía como coordinadora de una comisión accidental de seguimiento a la política minera, con el fin de conocer el sustento jurídico de los operativos y poder denunciar posibles abusos.
Además, defendió la tradición minera de Antioquia y el derecho de las comunidades a buscar su sustento.
A estos señalamientos se suma una demanda presentada por el representante a la Cámara Juan Espinal, quien pidió la nulidad de resoluciones del INPEC que permitieron el traslado de once cabecillas criminales desde la cárcel de Itagüí a la Alpujarra para el evento conocido como el “Tarimazo”, realizado en junio de 2025.
Espinal aseguró que el traslado se hizo a solicitud de Zuleta, sin respaldo legal, y advirtió que la acción judicial busca proteger la institucionalidad penitenciaria del país.
