La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha iniciado un nuevo proceso en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, como consecuencia de una denuncia interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela.
La acción fue motivada por recientes declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, quien lanzó graves señalamientos contra el jefe de Estado.
Según el documento oficial emitido por la Comisión, se solicitó el respaldo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), específicamente del Grupo Comisión de Investigación de la Cámara, con el propósito de citar al denunciante, Wilson Ruiz, para que comparezca a una diligencia de ampliación y ratificación de la denuncia presentada.
Durante esta diligencia, el cuerpo técnico deberá formular las preguntas necesarias y recibir los elementos materiales probatorios que Ruiz decida aportar, asegurando que estos cumplan con los criterios legales de conducencia, pertinencia y necesidad.
Asimismo, la Comisión resolvió informar al presidente Petro, en su calidad de denunciado, sobre la apertura del proceso.
También se notificará al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que actúe dentro de sus competencias, conforme a lo establecido en el artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 273 de 1996.
Nueva investigación contra magistrado Vladimir Fernández
En paralelo, la Comisión de Acusación también ha abierto una investigación preliminar contra el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, luego de las denuncias presentadas por el representante a la Cámara Christian Garcés y por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas.
La indagación busca determinar si Fernández incurrió en irregularidades durante su elección en el Senado, tras las declaraciones públicas de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien sugirió posibles manipulaciones en el proceso.
Al igual que en el caso del presidente Petro, se ha solicitado el acompañamiento del CTI para citar a los denunciantes con el fin de que amplíen y ratifiquen sus denuncias, en el marco de una diligencia oficial.
Ambos procesos se mantendrán en etapa preliminar mientras se recopilan pruebas y testimonios que permitan establecer si existen méritos suficientes para avanzar en una acusación formal.
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