El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, oficializó la implementación del nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo mediante el Decreto 0858.
El modelo, que se propone transformar estructuralmente el sistema de salud colombiano, descansa sobre cinco pilares estratégicos:
– Gobernabilidad, gobernanza y territorialización.
– Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
– Trabajo digno para el talento humano en salud.
– Soberanía y gestión del conocimiento.
– Sistema Integrado de Información para la Atención Primaria en Salud (SI-APS).
A través de estos ejes, el Estado busca garantizar el acceso equitativo, continuo y de calidad a los servicios de salud, promoviendo redes funcionales compuestas por prestadores públicos, privados y mixtos, que trabajen de manera articulada en beneficio del bienestar general.
Atención adaptada a los territorios
El decreto reconoce la diversidad cultural y geográfica de Colombia y plantea una atención diferenciada por regiones y subregiones funcionales, sin modificar la actual división político-administrativa.
Esta reorganización permitirá una gestión integral de la salud pública, con especial atención a las zonas rurales y dispersas.
Para ello, se crearán Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como punto de entrada al sistema.
Estos centros, operados por IPS públicas, privadas o mixtas, serán responsables del primer contacto con los usuarios, con un enfoque familiar, comunitario y continuo. A su vez, estarán apoyados por Equipos de Salud Territorial y se dotarán con infraestructura y recursos adecuados.
Participación ciudadana y formalización laboral
El nuevo modelo también fortalece la participación ciudadana y comunitaria como pilar fundamental.
Se robustecerán los espacios de diálogo como los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, los COPACOS, las mesas de víctimas y otros mecanismos de consulta, buscando involucrar activamente a organizaciones sociales, pueblos étnicos y la ciudadanía en la implementación y evaluación del sistema.
Otro de los componentes centrales del decreto es la formalización laboral en el sector salud.
Se impulsará un proceso de contratación que garantice condiciones dignas, estabilidad laboral y formación continua para el talento humano, reconociendo su papel esencial en la transformación del sistema.
Las EPS como gestoras de salud
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) asumirán un rol transformado bajo la figura de gestoras de salud, encargadas de organizar y coordinar el acceso a los servicios de sus afiliados, integrándose plenamente a las RIITS.
Estas redes, con cobertura definida por regiones y subregiones, permitirán una atención más coherente con las necesidades locales.
Las EPS deberán garantizar procesos clave como la referencia y contrarreferencia entre niveles de atención, la adscripción poblacional a los CAPS, la articulación con prestadores y la implementación de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos.
Implementación y próximos pasos
El Ministerio de Salud tendrá un plazo de tres a seis meses para reglamentar aspectos operativos del modelo, como la habilitación de las RIITS, la expedición de lineamientos técnicos para los CAPS y la integración de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) a las estrategias de atención primaria.
El Sistema de Emergencias Médicas también será integrado al nuevo modelo, con el fin de optimizar los procesos de atención, referencia y contrarreferencia, y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos de salud pública.
Un sistema basado en información y coordinación
El nuevo enfoque también apuesta por el uso intensivo de tecnologías de la información a través del Sistema Integrado de Información para la Atención Primaria en Salud (SI-APS), que permitirá monitorear la salud de la población, anticipar riesgos y tomar decisiones basadas en evidencia.
¿Qué pasará con las EPS?
Las Entidades prestadores de servicios no desaparecerán, pero deberán adaptarse al nuevo modelo y además, cumplir con 24 funciones administrativas, por las que tendrán que responder ante el Ministerio de Salud, que establecerá un mayor control y velará por la gestión del riesgo de los usuarios.
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