Un profundo malestar se ha desatado en el interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras conocerse la solicitud elevada por el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, para suspender la investigación que actualmente adelanta ese organismo contra el presidente Gustavo Petro.
Dicha investigación se centra en la presunta financiación irregular y violación de topes electorales durante su campaña presidencial.
La petición de Fernández generó sorpresa entre los magistrados del tribunal electoral, quienes consideran que una eventual aceptación de esta medida provisional podría tener consecuencias graves para la institucionalidad, el Estado de Derecho y la propia Constitución Nacional.
Las alarmas se encendieron aún más ante la posibilidad de que la Corte Constitucional termine desconociendo decisiones previas del Consejo de Estado, pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y conceptos de la Procuraduría General de la Nación, que han ratificado la competencia del CNE para investigar eventuales irregularidades en campañas políticas.
Cuestionamientos por posible impedimento
El pronunciamiento del magistrado Fernández ha levantado además interrogantes sobre un eventual impedimento para conocer el caso, dado que antes de su llegada a la Corte Constitucional se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia, cargo que ocupó durante el mandato del presidente Petro, quien posteriormente lo postuló para el alto tribunal.
Voces al interior del CNE advierten que esta cercanía podría comprometer la imparcialidad del magistrado y ponen sobre la mesa la necesidad de que se aparte del proceso para evitar conflictos de interés que minen la credibilidad institucional.
Riesgo de precedentes y dilaciones
La posible suspensión de la investigación no solo es vista como un golpe directo al tribunal electoral, sino también como la apertura de un precedente peligroso para futuras indagaciones.
«Si se invalida la competencia del CNE en este caso, se estaría dejando la puerta abierta para que otros candidatos presidenciales investigados puedan alegar lo mismo», señaló una fuente del alto tribunal.
A ello se suma el temor de que la tutela que cursa en la Corte Constitucional sea engavetada, provocando un ‘plan tortuga’ que termine por dilatar los tiempos procesales hasta que se venzan los términos legales para tomar decisiones de fondo.
Cabe recordar que dichos plazos caducan en junio, lo que ha encendido las alarmas en sectores que siguen de cerca el caso.
La investigación continúa en el CNE
Pese al ambiente de incertidumbre jurídica, el Consejo Nacional Electoral seguirá adelante con las actuaciones previstas en la investigación.
Aunque en días pasados se había descartado la citación de algunos testigos solicitados por la defensa del presidente Petro —como la del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien no compareció a la diligencia—, los magistrados decidieron ampliar el plazo de recepción de pruebas hasta el próximo 24 de abril.
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