Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro tras un ataque militar en Venezuela abrieron un escenario inédito y cargado de incertidumbre política y diplomática.
Aunque Washington no ha presentado pruebas públicas que confirmen la detención del mandatario venezolano, el señalamiento reactivó de inmediato las causas judiciales que pesan sobre él en tribunales estadounidenses y encendió las alarmas en la región.
Desde marzo de 2020, Maduro enfrenta cargos criminales en el Distrito Sur de Nueva York, donde un jurado investigador lo imputó como uno de los líderes del llamado Cártel de Los Soles, una presunta organización de narcotráfico integrada por altos funcionarios del Estado venezolano.
Acusado de liderar el Cártel de Los Soles
La acusación sostiene que el Cártel de Los Soles operó “abusando del pueblo venezolano y corrompiendo instituciones legítimas de Venezuela —incluyendo sectores del Ejército, los servicios de inteligencia, la Asamblea y el Poder Judicial— para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
El nombre del grupo, según la fiscalía, alude a las insignias de sol que portan los altos oficiales militares venezolanos.
Tras asumir la presidencia en 2013, Maduro habría:
– Negociado envíos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC.
– Ordenado la entrega de armas de grado militar a esa guerrilla colombiana.
– Coordinado rutas y apoyos logísticos con Honduras y otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala.
En la misma causa fueron imputados otros 14 funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del régimen.
También figura Hugo Armando Carvajal Barrios, exgeneral venezolano actualmente bajo custodia en Nueva York, quien se declaró culpable en junio de 2025 de conspirar para importar cocaína a EE. UU. y de traficar droga para apoyar a las FARC.
De acuerdo con la fiscalía, desde Venezuela se trafican entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína, lo que equivale a entre el 10% y el 13% de la producción mundial anual, según el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR) 2025 del Departamento de Estado.
Fraude electoral en 2024
A los cargos por narcotráfico se suma el señalamiento de fraude electoral. Maduro se mantuvo en el poder pese a haber perdido las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 frente al opositor Edmundo González Urrutia, según actas obtenidas por la oposición y verificadas por organizaciones internacionales.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, lo proclamó ganador sin publicar actas ni permitir auditorías.
González Urrutia fue respaldado por María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, a quien el régimen le impidió inscribir su candidatura. Ambos permanecen en el exilio.
Investigación por crímenes de lesa humanidad
El régimen de Maduro también está bajo investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, vinculados a violaciones sistemáticas de derechos humanos documentadas desde 2014.
Tras los comicios de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno empleó “prácticas de terrorismo de Estado”.
Organismos como la OEA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, persecución política y violencia por parte de fuerzas de seguridad y grupos armados.
Según Foro Penal, más de 18.000 personas han sido arrestadas por motivos políticos desde que Maduro llegó al poder.
Un éxodo sin precedentes
Bajo su mandato se produjo, de acuerdo con ACNUR, “el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina” y una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo.
Casi 8 millones de venezolanos, cerca de un tercio de la población, abandonaron el país, principalmente entre 2016 y 2022.
Un informe de Human Rights Watch concluye que la migración masiva responde a la combinación de colapso económico, emergencia humanitaria y represión estatal.
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