El sistema de salud colombiano dejó de ser un tema técnico para convertirse en una tragedia cotidiana. Ya no se discute solo en escritorios de Bogotá, sino en farmacias sin medicamentos y hospitales que operan al límite, sin recursos suficientes para responder.
El Gobierno y las EPS se culpan mutuamente en un juego que parece no tener fin: unos hablan de falta de giros, otros de mala gestión. Sin embargo, el resultado es evidente: un sistema financieramente asfixiado, sostenido apenas por decisiones que han reducido su margen de operación hasta llevarlo al borde de la insolvencia.
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La pregunta de fondo ya no es si hay crisis, sino si esta situación responde a un error o a una intención. El discurso oficial, cada vez más abierto a la liquidación de las EPS, deja entrever que el modelo actual no se busca corregir, sino reemplazar. Y en ese camino, el deterioro parece no ser una consecuencia, sino parte del proceso.
El problema es que desmontar un sistema no es lo mismo que construir uno nuevo. Mientras el debate se polariza, los ciudadanos siguen atrapados en la realidad: citas que no llegan, tratamientos interrumpidos y una incertidumbre creciente sobre su derecho más básico.
Al final, más allá de ideologías, la verdadera medida de esta crisis será humana. No se recordarán los argumentos, sino las vidas que quedaron en medio de un sistema que, más que reformarse, parece estar siendo desmantelado.
