La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó la suspensión temporal de las deportaciones de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en Texas.
La decisión surge tras una apelación de emergencia presentada por sus abogados, quienes denunciaron que sus clientes enfrentaban una expulsión inminente sin notificación adecuada ni oportunidad de defensa legal.
La medida, que detiene las acciones inmediatas del gobierno federal, fue emitida sin explicación detallada por parte del tribunal, aunque contó con la disidencia de los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas.
El caso gira en torno al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII aplicada por la administración Trump en contextos migratorios, lo cual ha generado controversia legal.
Los abogados defensores, entre ellos representantes de la ACLU y Democracy Forward, alegan que los detenidos recibieron avisos de deportación con menos de 24 horas de antelación, lo que vulnera el debido proceso.
Por ahora, los migrantes permanecerán en territorio estadounidense mientras continúa el proceso judicial.
La Corte pidió al gobierno responder una vez que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito avance con su revisión del caso.
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