El Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín impuso este viernes 2 de octubre medida de aseguramiento domiciliaria contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La decisión también contempla restricciones para el procesado mientras avanza el proceso judicial.
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La medida fue adoptada durante la reanudación de la audiencia en la que el juez analizaba la situación jurídica de Quintero y Sebastián Ortega, ambos vinculados a la investigación por hechos relacionados con la contratación realizada entre las entidades.
De acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía durante las diligencias, los contratos investigados fueron celebrados entre 2020 y 2023 y superarían los 17.000 millones de pesos. La hipótesis del ente acusador señala que en el desarrollo de estos procesos se habría producido una apropiación cercana a los 2.400 millones de pesos.
En el caso de Miguel Quintero, la Fiscalía lo ha señalado como presunto direccionador de los procesos contractuales investigados y le atribuyó delitos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación y peculado por apropiación.
Restricciones adicionales
Además de la detención domiciliaria, el juez estableció para Quintero restricciones relacionadas con su participación en asuntos contractuales. Entre ellas se encuentra la prohibición de contratar con entidades públicas y la restricción para establecer contacto con testigos considerados relevantes dentro de la investigación.
La decisión se conoce después de varias jornadas de audiencia en las que la Fiscalía, el representante de las víctimas, el Ministerio Público y las defensas de los procesados presentaron sus argumentos sobre la necesidad y alcance de una medida de aseguramiento.
En cuanto a Sebastián Ortega, las mismas restricciones fueron contempladas, pero el procesado continuará en libertad, según la decisión judicial reportada este viernes.
El proceso hace parte de una investigación más amplia por presuntas irregularidades en la contratación del AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía ha señalado que los hechos investigados involucran a diferentes funcionarios y particulares, mientras que las defensas han cuestionado los elementos presentados durante las audiencias.
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