La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la rectora de la Institución Universitaria de Envigado, Blanca Libia Echeverri Londoño, y la tesorera, Sandra Edith Tobón Álzate, por presuntas irregularidades administrativas que habrían derivado en un detrimento patrimonial superior a los $4.374 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, las funcionarias habrían autorizado y ejecutado una transferencia bancaria por $4.374.675.564 durante la vigencia 2023, supuestamente destinada a una compra internacional.
Sin embargo, la operación financiera habría culminado en la pérdida total de los recursos públicos, razón por la cual el ente de control busca establecer si existió negligencia o falta de diligencia en la gestión administrativa de ambas servidoras.
La Procuraduría también analiza si las directivas vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad que rigen la función pública, al avalar el desembolso sin las garantías suficientes que aseguraran la correcta destinación del dinero.
Por la gravedad de los hechos, la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima, a título de culpa gravísima, lo que podría conllevar sanciones disciplinarias severas en caso de comprobarse su responsabilidad.
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