En una audiencia reservada al público, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a dos exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, en el marco del escándalo judicial por el caso Aguas Vivas.
Las nuevas personas vinculadas son Ingrid Vanesa González, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedraza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
De acuerdo con el ente acusador, ambas habrían participado en la modificación irregular del avalúo del predio Aguas Vivas, ubicado en el noroccidente de Medellín, presuntamente para favorecer intereses privados.
Ninguna de las exfuncionarias aceptó los cargos.
Con esta imputación, asciende a trece el número de exservidores públicos formalmente procesados por su presunta participación en las maniobras que habrían permitido la entrega y posterior intento de compraventa del lote en condiciones desfavorables para el patrimonio de la ciudad.
La Fiscalía ha señalado que desde distintas dependencias del Distrito se habría orquestado una operación con posibles consecuencias fiscales para Medellín.
Entre los delitos imputados en el caso figuran peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
En abril pasado, un juez de control de garantías ya había avalado la imputación de cargos a once personas, entre ellas el propio exalcalde Daniel Quintero y varios de sus colaboradores cercanos. Todos los procesados se han declarado inocentes hasta el momento.
El Distrito seguirá como víctima
En paralelo al avance del proceso penal, esta semana el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento confirmó que el Distrito de Medellín mantendrá su calidad de víctima dentro del caso.
La decisión se dio luego de que las defensas del exalcalde Quintero y del exsecretario Carlos Mario Montoya Serna desistieran del recurso con el que pretendían excluir al municipio como parte civil.
La Fiscalía cuenta ahora con un plazo de 240 días para radicar el escrito de acusación, unificando los procesos y dando paso a la fase de juicio.
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— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) May 7, 2025
