La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Delitos contra la Administración Pública, presentó ante un juez penal del circuito de Medellín un escrito de acusación en el que solicita condenas de entre 8 y 33 años de prisión para tres exdirectivas de la administración de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, y un contratista.
Los implicados son señalados por irregularidades en un contrato de 21.800 millones de pesos firmado entre 2020 y 2021.
El ente acusador imputó los delitos de Contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, Interés indebido en la celebración de contratos y Peculado por apropiación, que habrían ocurrido durante la ejecución del contrato destinado a la logística de actividades deportivas y recreativas del presupuesto participativo de la ciudad.
Los señalados son los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, la exdirectora del INDER Medellín, Diana Paola Toro Zuleta, y el representante legal de CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S., Mauricio Jaramillo Botero.
Irregularidades en el contrato
La Fiscalía afirma que el contrato, firmado el 4 de septiembre de 2020, fue adjudicado sin realizar los estudios de mercado requeridos. Además, este se habría celebrado mediante una invitación cerrada en la que se favoreció a la empresa CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S., a pesar de que esta no contaba con la capacidad técnica para ejecutar las actividades contratadas.
Según las investigaciones, CYAN subcontrató tareas con organizaciones sociales, y algunos de los productos entregados no cumplían con las especificaciones exigidas por el INDER, aunque Metroparques los aprobó. De esta manera, el contratista habría logrado una apropiación indebida de 3.705 millones de pesos.
Sanciones solicitadas
Además de las penas privativas de la libertad, que podrían oscilar entre 96 y 270 meses, la Fiscalía solicitó la inhabilitación de los implicados para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.
Asimismo, propuso multas que van desde 2.600 millones hasta 4.900 millones de pesos, dependiendo de la responsabilidad de cada acusado en los hechos.
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