El presidente de la república, Gustavo Petro, firmó la solicitud para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que ha venido promoviendo tras los reiterados frenos que han enfrentado varias de sus reformas en el Congreso y en las altas cortes.
Con este paso, el Gobierno busca destrabar su agenda de cambios estructurales.
La propuesta toma forma a través de un comité ciudadano avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil desde enero, que cuenta con seis meses para recoger los millones de firmas exigidos por la ley y radicar el proyecto ante el Legislativo.
Previo a la firma del mandatario, los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Armando Benedetti (Interior) hicieron pública su adhesión a la iniciativa e invitaron a la ciudadanía a respaldarla.
Sanguino aseguró que se trata de un mecanismo democrático para superar lo que calificó como “bloqueo institucional” y abrir un debate de fondo sobre las transformaciones que, según el Ejecutivo, el país reclama.
Sin embargo, el impulso oficial ha despertado críticas desde distintos sectores políticos. Voces de la oposición advierten que la recolección de firmas podría derivar en una plataforma electoral de cara a los comicios de marzo y mayo, además de insistir en que los frenos a las reformas obedecen a la autonomía y separación de poderes.
El jefe de Estado ha defendido que, mediante la Constituyente, podrían revivir iniciativas como la reforma a la salud —archivada por segunda vez en el Congreso— y promover ajustes institucionales.
No obstante, detractores consideran que no existe una necesidad real de modificar la Constitución de 1991 y cuestionan la falta de consensos amplios para emprender un cambio de esa magnitud.
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