La Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que existen pruebas suficientes para inferir que altos funcionarios del Gobierno y varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían participado en un esquema de compra de votos en 2023, con el fin de aprobar cupos de endeudamiento para el Ejecutivo.
Entre los señalados figuran los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo; así como el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exviceministro Diego Guevara y la exasesora María Alejandra Benavides.
Según el fallo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) habría canalizado recursos por $700.000 millones para proyectos de los parlamentarios a cambio de su apoyo.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, sería testigo clave en la investigación. Su abogado, José Moreno, destacó que su colaboración ha permitido desmontar “una red de corrupción que tocaba el corazón del Congreso y del Gobierno” y pidió garantizar su protección y el respeto al principio de oportunidad.
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No hay precedente de una colaboración de este nivel en la lucha contra la corrupción.
Hoy, el país recibió una confirmación histórica: la Corte Suprema de Justicia ha concluido que sí existió una operación criminal desde el alto gobierno para comprar el voto de congresistas.… pic.twitter.com/WymHfd0yAR
— Jose Moreno Caballero (@JoseMorenoCab) August 8, 2025
