El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, compareció ante la Corte Suprema de Justicia para responder por los presuntos actos de corrupción vinculados al contrato de pavimentación del tramo La Cruzada-Caucasia de la Troncal de la Paz, ocurrido durante su primer mandato como gobernador en 2005.
Gaviria negó cualquier responsabilidad directa en el caso, argumentando que había delegado la contratación a la Secretaría de Infraestructura.
El caso: contratación y presunto peculado
El contrato inicial, cuyo valor era de $41.663 millones, experimentó adiciones de $3.995 millones y $16.334 millones, incrementando su costo en casi un 50%.
Según la Fiscalía, parte de los recursos destinados a la obra fueron utilizados para adquirir maquinaria que, en lugar de quedar en manos del departamento, pasó a ser propiedad de los contratistas, lo que configuraría un presunto caso de peculado por apropiación en favor de terceros.
Gaviria ya había sido capturado en 2020 mientras cursaba su segundo mandato como gobernador de Antioquia, enfrentando acusaciones de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
Declaraciones ante la Corte Suprema
En su intervención, Gaviria explicó que había delegado la contratación de la obra a Margarita María Ángel Bernal, quien era entonces secretaria de Infraestructura.
Según citó el diario El Tiempo, Gaviria afirmó: «Hubo un acto específico en el que yo le delegué la contratación de la Troncal de la Paz a la doctora Margarita María Ángel Bernal. (…) Además, hay un decreto de delegación de la Gobernación de Antioquia que viene de periodos anteriores al mío y que continuó en mi periodo».
Asimismo, defendió el principio de delegación como una herramienta necesaria para el funcionamiento del Estado: «La delegación no sólo fue una constante en mi mandato (…) la delegación está explícitamente en la Constitución, y por qué lo está, porque obviamente sin delegación sería imposible que funcionara el Estado (…) yo soy un gobernante que delega pero cumple».
La polémica sobre las responsabilidades
La defensa de Gaviria se basa en que él no fue directamente responsable de las decisiones relacionadas con el contrato en cuestión, ya que estas recayeron en funcionarios subordinados.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la entrega de maquinaria a los contratistas constituye un grave detrimento patrimonial para el departamento de Antioquia, lo que lo vincula al caso como máxima autoridad de la Gobernación en ese momento.
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