La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector Nacional de Inteligencia.
González es señalado como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
La imputación se da en el marco de la investigación por el presunto direccionamiento de millonarios recursos públicos a través de la contratación irregular de 40 carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira, caso que ha destapado una compleja red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
González Merchán, quien dimitió de su cargo como director Nacional de Inteligencia el 26 de julio del año pasado tras los señalamientos en su contra, declaró en su momento que su decisión obedecía a una necesidad ética y política.
“Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública”, afirmó entonces.
La Fiscalía sostiene que existen evidencias sólidas contra González, algunas de ellas derivadas de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneider Pinilla, también exfuncionario de esa entidad, quienes lo habrían implicado directamente como el artífice del presunto entramado de corrupción.
Durante dos audiencias reservadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, el ente acusador solicitó la práctica de varias pruebas documentales y técnicas, entre ellas la obtención de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño.
Según el tribunal, la Presidencia deberá confirmar si existen registros de video entre el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023 del salón antesala al Consejo de Ministros, espacio en el que presuntamente se habrían realizado reuniones entre González, López, la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova y otros funcionarios públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, González habría dado instrucciones directas a Olmedo López para beneficiar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, capturados recientemente por su presunta participación en los hechos.
Además, el ente investigador asegura tener pruebas de que González habría ordenado el giro de $4.000 millones destinados al pago de supuestas coimas para garantizar contratos a través de la Ungrd.
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