La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales, quien es investigado por la presunta comisión de seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, en relación con los bloqueos que paralizaron gran parte del país durante más de 50 días.
La decisión fue emitida por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno.
Según la investigación, Morales es señalado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia también involucra al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva.
Las protestas y bloqueos ocurrieron entre mayo y junio, en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en cuatro décadas.
Las movilizaciones provocaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en ciudades como La Paz y El Alto, hasta que el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para restablecer el orden.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, los bloqueos dejaron 22 muertos y 88 heridos, aunque el organismo indicó que la Fiscalía es la encargada de confirmar las cifras oficiales e impulsar los procesos judiciales.
Morales permanece refugiado desde finales de 2024 en la región del Chapare, donde también enfrenta una orden de captura por un proceso relacionado con un presunto caso de trata de una menor.
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