En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha impuesto una suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya Pulgarín (2018 – 2022).
El político, quien ocupó su cargo entre el 11 de octubre de 2018 y el 1º de marzo de 2019, enfrenta estas sanciones por el presunto uso indebido de su investidura para agilizar y manipular la obtención de su título como abogado.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó las acusaciones, destacando que Bedoya Pulgarín obtuvo beneficios indebidos de la Universidad de Medellín, resultando en la adquisición irregular de su título profesional.
El trato preferencial que recibió del centro académico fue señalado como un claro abuso de poder por parte del entonces parlamentario.
El organismo de control evidenció la manipulación de los reglamentos universitarios para ajustar los trámites a los intereses de Bedoya Pulgarín, tanto en el proceso formativo como en el posterior reintegro que facilitó la obtención del título.
Además, se validó la alteración de documentos, la realización de exámenes en un mismo día, en detrimento de los tiempos estándar de un alumno de pregrado, y la aprobación de asignaturas sin estar debidamente registrado como estudiante.
La Procuraduría concluyó que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y quebrantó su deber funcional.
La falta fue calificada como grave cometida a título de dolo, y las sanciones incluyen la conversión de la pena a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la falta.
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