La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de restituir ilegalmente un lote en la ciudad.
De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación señala que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, se adelantaron actuaciones para beneficiar a particulares vinculados al proceso, cambiando la figura de cesión gratuita del predio por una compraventa que buscaba reconocerles más de 40.500 millones de pesos, correspondientes al valor comercial del lote.
Entre los exfuncionarios acusados se encuentran: Ingrid Vanessa González Montoya (exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía), Yina Marcela Pedroza Gómez (exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad), Carlos Mario Montoya Serna (exsecretario de Gestión y Control Territorial), Karen Bibiana Delgado Manjarrés (exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General encargada), Sergio Andrés López Muñoz (exdirector de Planeación), Natalia Andrea Jiménez Pérez (exsubsecretaria de Ejecución de Contratación y Secretaria General encargada), Alethia Carolina Arango Gil (exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público), Leidy Jiménez Echavarría (exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores) y Fabio Andrés Trujillo García (exsecretario General de la Alcaldía).
En cuanto a los particulares investigados, figuran Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, señalados como tenedores del predio en disputa.
La Fiscalía detalló que, tras fracasar la conciliación prejudicial inicial, Quintero Calle y el exsecretario General habrían emitido de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregarlo a los particulares y permitir el desarrollo de actividades urbanísticas que estaban prohibidas dentro del POT vigente.
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