Los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, concluyeron que la campaña presidencial de Gustavo Petro sí violó los topes de financiación establecidos por la ley.
La decisión se da tras más de dos años de pesquisas y marca un hecho inédito en la historia electoral del país.
En un giro sorpresivo, los magistrados radicaron un proyecto de resolución de casi 600 páginas en el que se propone sancionar administrativamente al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa —quien fue gerente de la campaña presidencial—, así como a otros directivos de la misma. También se incluyen en el proyecto sanciones a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
De acuerdo con los hallazgos dados a conocer por Caracol Radio, la campaña de Petro habría superado en más de 3.500 millones de pesos los topes de financiación entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de 2022.
Un desenlace histórico
La radicación de esta ponencia pone en manos de la Sala Plena del CNE la decisión final sobre la sanción.
Es la primera vez que una investigación por violación de topes contra la campaña de un presidente en ejercicio llega a esta instancia, ya que en casos anteriores los procesos fueron archivados sin mayores avances.
Tensiones en el tribunal
El escenario dentro del CNE es complejo. Actualmente, el Pacto Histórico cuenta con cuatro magistrados afines: Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez, Altus Baquero y Alba Velásquez. No obstante, esta última no podrá participar en la votación, pues prosperaron en su contra dos recusaciones por haber actuado como testigo electoral de la campaña de Petro.
En el otro bloque se encuentran cinco magistrados: Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz. Para que el tribunal adopte una decisión se requieren al menos seis votos, lo que obligará a la designación de conjueces.
Lo que viene
La expectativa ahora se centra en la votación que deberá realizar la Sala Plena en los próximos días. La discusión no solo tiene un impacto jurídico y político inmediato, sino que también abre un precedente sobre el control de la financiación electoral en Colombia.
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