Un informe de inteligencia advierte que cerca del 85% de la producción aurífera en Colombia provendría de actividades ilícitas, consolidando una economía criminal de gran escala que ya supera, en ingresos proyectados, al narcotráfico.
Según el documento revelado por El Tiempo, estas redes ilegales —controladas en gran parte por grupos armados— podrían generar hasta 8.414 millones de dólares en 2025.
La expansión de la minería ilícita se registra en al menos 20 departamentos, impulsada por el alto precio internacional del oro, que podría alcanzar los 162 dólares por gramo.
El impacto ambiental también es crítico: más de 94.000 hectáreas y 1.120 ríos han sido afectados, principalmente por el uso de mercurio en los procesos extractivos.
Las operaciones se concentran en seis corredores estratégicos donde la presencia estatal es limitada.
Uno de los principales está en Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba, donde las ganancias mensuales alcanzan los 47 millones de dólares. De estos recursos, el Clan del Golfo concentraría cerca de 33 millones, mientras que el ELN y el Estado Mayor Central obtendrían alrededor de siete millones.
Otras regiones como Chocó, Cauca, Nariño y Amazonas presentan dinámicas similares, con participación de estructuras criminales locales y redes internacionales.
El informe concluye que la combinación entre altos precios del oro, débil institucionalidad y redes de contrabando ha permitido que estas organizaciones amplíen su control territorial, fortalezcan sus finanzas ilegales y profundicen la degradación ambiental en el país.
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