La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro se duplicó de $25 a $50 millones de dólares, la mayor en la historia del país y el doble de la ofrecida por Osama bin Laden tras el 11-S.
La administración Trump acusa a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, organización designada como terrorista, y de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas y violencia en EE.UU.
El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que estos grupos “tienen armamento y control territorial comparable al de ejércitos” y que ahora son un problema de seguridad nacional.
La DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y confiscado más de 700 millones de dólares en activos, incluidas aeronaves del gobierno venezolano.
Congresistas como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez celebraron la medida, calificando a Maduro de “narcodictador” y “amenaza directa” para la seguridad de EE.UU.
Desde 2020, Washington ha mantenido recompensas y sanciones contra Maduro por narcotráfico y vínculos con las FARC. Mientras tanto, el debate sobre licencias petroleras a socios de PDVSA, como Chevron, abre un frente paralelo que podría beneficiar indirectamente al régimen, pese a restricciones oficiales.
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