El proceso judicial que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ya tiene fecha para iniciar formalmente la etapa de juicio.
El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín citó para el 21 de noviembre de 2025, a las 3:00 p. m., la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación presentará el escrito de acusación contra el exmandatario y otros doce procesados en el denominado caso Aguas Vivas.
El proceso gira en torno a un lote de 147.000 metros cuadrados, ubicado entre El Poblado y Las Palmas, que fue transferido sin costo a la Alcaldía en diciembre de 2019 como parte de una compensación urbanística. Lo que en principio representaba una ganancia para la ciudad terminó en controversia judicial.
Según la Fiscalía, durante la administración de Quintero se habrían adelantado gestiones para que el Distrito pagara más de 40.500 millones de pesos a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y al empresario Juan Manuel Villegas, pese a que el terreno ya pertenecía al municipio.
La hipótesis del ente acusador es que, entre 2020 y 2023, se intentó transformar la cesión gratuita en una compraventa para beneficiar a los antiguos propietarios.
Al no lograrlo, la administración habría recurrido a actos administrativos que incrementaron el avalúo del predio y abrieron la posibilidad de devolverlo a particulares, lo que permitiría usos prohibidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Los señalados y las imputaciones
El escrito de acusación vincula directamente a Daniel Quintero y a su exsecretario general, Fabio Andrés García, por el delito de prevaricato por apropiación en favor de terceros.
Otros ocho exfuncionarios deberán responder por interés indebido en la celebración de contratos: Ingrid Vanessa González, Yina Marcela Pedroza, Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy Jiménez.
A su vez, tres particulares —Juan Diego de Jesús Moreno, José Fernando Rueda y Juan Manuel Villegas— fueron señalados como presuntos autores de peculado, al considerar que resultaron beneficiarios directos de las actuaciones cuestionadas.
Las pruebas y los episodios clave
La investigación, liderada por la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción, cuenta con cerca de 4.000 elementos probatorios, entre los que se incluyen 3.930 documentos, correos electrónicos, inspecciones judiciales, fotografías, planos y peritajes técnicos.
Un punto central de la acusación son los informes de funcionarios de carrera que advirtieron que no había lugar a conciliación con los antiguos dueños del lote, pues este ya era propiedad del Distrito. Dichos conceptos fueron ignorados por la administración.
Asimismo, la Fiscalía destaca los 48 testimonios de funcionarios y terceros que serán llamados a declarar. Entre los episodios más cuestionados está la resolución firmada por García el 26 de octubre de 2022, mediante la cual se ordenó terminar unilateralmente el contrato de cesión gratuita y devolver el inmueble a los particulares. El ente acusador calificó esa decisión como “irregular y contraria a la normatividad vigente”.
Lo que sigue en el proceso
La audiencia del 21 de noviembre marcará apenas el comienzo. Tras la lectura de la acusación, se desarrollará una audiencia preparatoria, en la que las defensas podrán pedir nuevas pruebas o alegar nulidades. Luego vendrá el juicio oral, en el que se confrontarán testimonios, documentos y alegatos de las partes.
La sentencia del Juzgado 22 podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Medellín. En caso de persistir la controversia, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, lo que alargaría por años la definición judicial.
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