La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, argumentando que la designación vulnera la Ley de Paridad de Género sancionada por el presidente Gustavo Petro el año pasado.
De acuerdo con la norma, los cargos del máximo nivel decisorio en el Estado deben contar con al menos un 50% de representación femenina.
Sin embargo, actualmente el gabinete ministerial está integrado por 10 hombres y 9 mujeres, lo que, según la entidad, constituye un incumplimiento de la ley.
“Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida, y por ende, el proceso se sustenta en una controversia jurídica que prima facie revela la vulneración del ordenamiento constitucional y legal”, señala el pronunciamiento de la Defensoría.
Este no es el primer llamado de atención sobre el tema. El pasado 17 de junio, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ya le había enviado una carta al presidente Petro en la que advertía sobre el incumplimiento de la ley de cuotas en la conformación del gabinete.
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