La Defensoría del Pueblo ha lanzado una alarmante advertencia sobre la crítica situación de derechos humanos que afecta a varias subregiones del departamento de Antioquia, incluyendo el Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca, así como al Sur del departamento de Bolívar.
En su reciente comunicado, el organismo resaltó el incremento de infracciones al derecho internacional humanitario debido a los enfrentamientos armados entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 36 y el ELN, lo que ha dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad.
Desplazamientos masivos en Briceño y El Bagre
Uno de los episodios más críticos tuvo lugar en el municipio de Briceño, donde los enfrentamientos entre el EGC y las disidencias de las FARC forzaron el desplazamiento de 58 familias, compuestas por 135 personas, del corregimiento Pueblo Nuevo.
A esta crisis se suman 42 familias desplazadas (154 personas) de la vereda Bocas de Chicamoqué, 50 familias de la vereda El Socorro y 4 familias de la vereda La Ahumada, todas ellas en el municipio de El Bagre.
Estas cifras reflejan una de las más preocupantes crisis de seguridad y derechos humanos en el departamento.
Las comunidades afectadas enfrentan condiciones críticas de desarraigo, con acceso limitado a servicios básicos y sin garantías para un retorno seguro.
Violencia en el Suroeste de Antioquia
En el Suroeste del departamento, el municipio de Jericó ha sido escenario de enfrentamientos recientes entre el EGC y grupos de criminalidad organizada, lo que obligó a la intervención del Ejército Nacional.
Durante estas operaciones, se logró la captura de un mando del EGC, un hecho que evidencia la preocupante expansión de este grupo armado hacia territorios donde previamente no tenía una presencia significativa.
Presunto feminicidio en Yarumal
Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el asesinato de dos mujeres secuestradas el pasado 23 de enero.
Sus cuerpos fueron hallados en la vía al corregimiento Loma de Ochalí, en el municipio de Yarumal.
La Defensoría del Pueblo señaló que este caso está siendo investigado como un presunto feminicidio, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las acciones para prevenir y responder a la violencia de género.
Llamado al Gobierno Nacional
El comunicado también alertó sobre la creciente influencia del EGC, cuya presencia territorial ha aumentado un 62% en los últimos años, consolidándolo como el grupo armado ilegal con mayor expansión en Colombia.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que:
1. Implemente medidas de seguridad territorial que garanticen el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
2. Active espacios de articulación, como los Comités de Justicia Transicional, para asegurar el retorno seguro de las familias desplazadas.
3. Fortalezca las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres, adoptando un enfoque diferencial.
4. Garantice justicia en los casos de homicidio reportados y brinde atención humanitaria adecuada y continua a las comunidades afectadas.
Urgencia de medidas concretas
La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de acciones inmediatas y eficaces para mitigar la actual crisis humanitaria en Antioquia y proteger a las poblaciones más vulnerables, instando al Gobierno Nacional a priorizar esta problemática en su agenda de seguridad y derechos humanos.
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🚨 Enfrentamientos armados entre el el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) y el ELN intensifican la crisis humanitaria en el Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca de Antioquia, y el Sur de… pic.twitter.com/XuIBVzn59K
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 26, 2025
