La reforma pensional, uno de los pilares más ambiciosos del gobierno del presidente Gustavo Petro, atraviesa un momento decisivo tras conocerse una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que sugiere declarar inexequible la norma por vicios de trámite.
El documento, que aún se encuentra en etapa de borrador, ha desatado una tormenta política entre el Ejecutivo y la oposición.
Según el texto filtrado, la ponencia detalla una serie de errores procedimentales cometidos desde la convocatoria de las sesiones extraordinarias hasta la verificación del quórum decisorio durante la votación en el Congreso.
En particular, el magistrado Ibáñez destaca que, durante una de las jornadas claves, “cuando la Secretaría General certificó la existencia de quórum a las 9 de la noche, solo había 62 representantes registrados”.
Esta cifra correspondería al quórum deliberatorio, pero no al decisorio, requisito indispensable para aprobar el orden del día y avanzar en la votación del articulado.
Reacciones del gobierno y la oposición
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la situación como un “golpe de Estado” y cuestionó la imparcialidad del magistrado Ibáñez.
“Lo que aquí hay es solamente una cosa vil por parte del magistrado Ibáñez de querer hacerle daño al presidente Petro, llevándose a más de tres millones de adultos mayores”, declaró Benedetti en declaraciones a medios de comunicación.
Desde la oposición, en cambio, la noticia fue recibida como una victoria. La senadora Paloma Valencia, una de las voces más críticas del proyecto, celebró la ponencia a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter):
“La reforma pensional violó la ley y la Constitución. Su trámite está viciado y los votos provienen de la corrupción de la unidad de riesgo. Se tiene que caer”, afirmó la congresista del Centro Democrático.
Un proceso en revisión
La ponencia del magistrado Ibáñez aún deberá ser discutida en la sala plena de la Corte Constitucional, donde podría sufrir modificaciones o incluso ser rechazada por la mayoría de magistrados.
No obstante, el documento actual plantea un panorama complejo para el Gobierno Nacional, pues detalla irregularidades que, de confirmarse, podrían derivar en la declaración de inexequibilidad total de la reforma.
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