El Gobierno nacional oficializó el decreto de emergencia económica, una medida adoptada al cierre de 2025 que autoriza al presidente Gustavo Petro a expedir decretos con fuerza de ley.
Según el documento, la decisión permitirá crear nuevos impuestos dirigidos principalmente a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como tributos enfocados en temas ambientales y de salud pública.
Aunque varios expertos habían advertido que la declaratoria no cumplía los requisitos constitucionales y sería frenada, el decreto fue finalmente expedido.
Petro, incluso, lanzó una fuerte advertencia al señalar que, si la Corte Constitucional tumba la medida, “habrá revolución”, declaración que avivó aún más la controversia política y jurídica.
En medio de este panorama, se conoció que este martes la Corte Constitucional sostendrá una reunión informal para analizar el alcance y la legalidad del decreto.
La preocupación radica en que, si se espera al fin de la vacancia judicial, buena parte de los 30 días de vigencia de la emergencia ya se habrían consumido, permitiendo la adopción de medidas difíciles de revertir.
El encuentro buscará medir el ambiente interno entre los magistrados y evaluar si la Corte debe asumir el estudio del decreto con carácter urgente.
También se pondrá a prueba la independencia de algunos togados, en un contexto marcado por la mayoría que hoy tiene el Gobierno y por el intenso debate que ha generado esta emergencia económica en el país.
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— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) December 23, 2025
