Un desliz en una rueda de prensa por parte de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha desatado una tormenta política y jurídica de alto calibre. Camargo aseguró que ya se había formulado imputación de cargos contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Esta afirmación provocó la inmediata reacción del mandatario, quien anunció acciones legales por lo que considera una grave afectación a su honra y presunción de inocencia.
El episodio ocurrió el pasado 24 de junio, cuando, ante la pregunta de un periodista sobre si existía algún proceso en curso contra Rendón, la Fiscal respondió: “El Gobernador de Antioquia tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General… que es una investigación que adelanta una Fiscal Delegada ante la Corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación”. Sin embargo, minutos después del evento, la propia Fiscalía General aclaró mediante un comunicado que no existe imputación formal y que el proceso sigue en etapa de indagación.
Reacción del Gobernador: denuncia por persecución y recusación
Andrés Julián Rendón no tardó en responder. En un pronunciamiento público denunció una presunta persecución política en su contra y anunció que presentará una recusación contra la Fiscal General por lo que calificó como una intervención sesgada que, según él, compromete la imparcialidad del proceso.
«Esta afirmación, que no es ninguna ligereza o un presunto error, se constituye en una declaración sesgada que influye en las decisiones de los subalternos de la Fiscal; genera incertidumbre jurídica, especulaciones y zozobra en la opinión pública. Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia», señaló Rendón.
Además, el mandatario aseguró que desde la designación de una fiscal delegada ante la Corte Suprema por parte de Camargo, su proceso ha tomado una velocidad inusual: “¿Por qué después de dos años y cuatro fiscales, a esta investigación se le da una celeridad desmesurada y de manera tan repentina?”, cuestionó.
El proceso: contratos cuestionados durante su alcaldía en Rionegro
El origen del proceso penal que involucra a Rendón se remonta a su paso por la alcaldía de Rionegro (2016-2019), donde fue señalado por un presunto detrimento patrimonial en la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI), en los sectores Cuatro Esquinas y San Antonio.
Las obras, que sumaron más de $1.270 millones, fueron cuestionadas por carecer del aval de la Policía Nacional, lo que impidió su uso durante varios años, pese a la inversión ejecutada.
Un informe de la Contraloría General de la Nación indicó que el CAI de Cuatro Esquinas generó un daño patrimonial por $433 millones, mientras que el de San Antonio sumó otro presunto detrimento por más de $836 millones, ambos derivados de la ausencia de viabilidad técnica, jurídica y catastral. “El CAI de San Antonio de Pereira fue construido por la Alcaldía pese al concepto negativo de la Policía Nacional (…) Lo cual ocasionó que el CAI no haya cumplido su fin social (…) causando una pérdida de los recursos invertidos en una obra improductiva”, señala el informe.
Rendón ha defendido su actuación, argumentando que las obras fueron construidas bajo especificaciones exigidas por la Policía, y que si bien hubo demoras, actualmente los CAI están en funcionamiento: “Nunca justifiqué pasar por alto la norma.
Después de construirlo tardó en funcionar, pero está operando”, expresó en una entrevista con W Radio.
El fuero y el cambio de escenario jurídico
La imputación contra Rendón, que estaba en proceso antes de su elección como gobernador en 2023, fue aplazada debido al cambio de fuero que otorga su nuevo cargo.
Según explicó la abogada Laura Holguín Giraldo, CEO de Develya Lawyers a El Tiempo, ahora el proceso debe ser adelantado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y toda actuación judicial debe ser coordinada por el Fiscal General a través de un delegado ante la Corte.
Críticas desde el Congreso: ¿víctima o estrategia de dilación?
La decisión de Rendón de recusar a la Fiscal Camargo generó reacciones inmediatas. Una de las voces más críticas fue la de la senadora Isabel Zuleta, quien acusó al gobernador de victimizarse para evadir la justicia.
“Dice que es persecución política solo porque esperaba que el fuero le trajera impunidad. ¿Pide que no lo investiguen y dice defender las instituciones? Esta recusación no es más que una típica estrategia de dilación”, señaló la congresista en sus redes sociales.
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