El Consejo de Estado emitió este martes un contundente comunicado público en el que respondió a recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y defendió la separación de poderes, la independencia judicial y el papel constitucional de los jueces en el Estado colombiano.
La alta corporación manifestó su preocupación por las expresiones realizadas por el mandatario a través de redes sociales y aseguró que estas requieren una respuesta “institucional, oportuna, clara y contundente”.
Sin mencionar de manera específica las declaraciones presidenciales, el Consejo de Estado advirtió sobre los riesgos que representan los mensajes que, según indicó, desinforman o descontextualizan decisiones judiciales.
En el pronunciamiento, el tribunal sostuvo que el tono utilizado por el jefe de Estado no debe ser respondido en los mismos términos, sino mediante una defensa serena de la Constitución y de los principios democráticos. En ese sentido, recordó que la separación de poderes es un elemento esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.
“El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”, señaló el Consejo de Estado en el documento divulgado este 12 de mayo.
La corporación judicial también expresó inquietud por lo que calificó como señalamientos y hostigamientos contra jueces y magistrados que ejercen sus funciones conforme al ordenamiento jurídico.
Según el comunicado, la desinformación sobre las decisiones judiciales deteriora la confianza institucional y debilita el Estado de Derecho.
Además, el alto tribunal hizo énfasis en que la libertad de expresión no puede ser utilizada para promover mensajes que pongan en riesgo la integridad institucional ni la seguridad de quienes administran justicia.
“El ejercicio de la libertad de expresión está garantizado en nuestro ordenamiento, pero no puede invocarse para edificar mensajes que privilegian el impacto y amenazan la integridad física de las personas que toman decisiones judiciales”, subrayó la entidad.
El Consejo de Estado insistió en que el control entre poderes es una herramienta legítima y necesaria dentro del sistema democrático. “A poderes mayores, mayores controles; a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, afirmó.
Finalmente, la corporación recordó que su existencia, competencias y legitimidad emanan directamente de la Constitución Política y del poder constituyente, enfatizando que su función es precisamente garantizar el equilibrio institucional y la protección del Estado de Derecho.
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