En una sorpresiva decisión que ha generado reacciones en los altos mandos de la Fuerza Pública, el Clan del Golfo habría ordenado poner fin al denominado “Plan Pistola”, una ofensiva criminal que dejó como saldo la muerte de al menos 24 policías militares en las últimas semanas.
La orden fue emitida directamente por alias “Chiquito Malo”, también conocido como “Comandante Javier”, uno de los máximos cabecillas del grupo armado, manifestó Caracol Radio.
La instrucción de cesar los ataques se produce en medio de un recrudecimiento del conflicto en varias zonas del país, que obligó a las Fuerzas Militares a intensificar la denominada Operación Agamenón, con la que se logró la captura de 217 integrantes del Clan del Golfo.
Las acciones ofensivas de las autoridades incluyeron operativos simultáneos en regiones clave del Caribe y el Urabá antioqueño, así como el despliegue de inteligencia táctica para desarticular las redes urbanas del grupo ilegal.
En respuesta al aumento de ataques contra miembros de la Fuerza Pública, la Policía Nacional había implementado una serie de medidas extraordinarias, entre ellas, la autorización del porte de armas de dotación durante los desplazamientos, incluso fuera del servicio, y la prohibición de portar el uniforme institucional durante los momentos de descanso, con el fin de reducir la exposición al riesgo.
Sin embargo, la violencia no ha cesado del todo. Aunque el “Plan Pistola” es responsable directo de la muerte de 24 uniformados, el número total de agentes asesinados en el país durante los últimos 20 días asciende a más de 32.
Entre los casos más recientes se encuentra la emboscada que acabó con la vida de siete militares en una zona rural del Cauca, acción atribuida a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Calarcá”.
Asimismo, se han reportado atentados con explosivos y ataques selectivos en departamentos como Norte de Santander, Meta y Arauca.
El anuncio de la suspensión del “Plan Pistola” será evaluado con cautela por las autoridades, que advierten que este tipo de decisiones no siempre representan una desmovilización real, sino que podrían obedecer a reacomodamientos tácticos o presiones internas dentro de las estructuras del crimen organizado.
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