Ante la reciente ola de violencia atribuida al Clan del Golfo, las autoridades municipales de Carepa, Necoclí y San Pedro de Urabá han decretado toques de queda nocturnos y otras restricciones con el fin de preservar el orden público y proteger a la ciudadanía y a la fuerza pública.
Las medidas, que fueron oficializadas a través de decretos emitidos por cada administración local, responden a la escalada de ataques registrados en las últimas dos semanas en el departamento de Antioquia, donde se han perpetrado al menos 24 atentados contra uniformados, en el marco de un presunto “plan pistola” del grupo armado.
En Carepa, el decreto establece un toque de queda general desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.
Además, se restringió el tránsito de motocicletas con parrillero entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., una medida con la que se busca prevenir posibles acciones criminales en las vías del municipio.
Por su parte, en Necoclí, las autoridades modificaron los horarios de operación de establecimientos abiertos al público.
A partir del 30 de abril, deberán cerrar a las 11:00 p.m. de domingo a jueves, y a la 1:00 a.m. los viernes y sábados.
También se prohibió la circulación de motocicletas con parrillero en el perímetro urbano entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., así como el tránsito vehicular cerca de la estación de Policía, por razones de seguridad.
En San Pedro de Urabá, el toque de queda regirá desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y se implementó la prohibición de parrillero hombre en motocicleta en el mismo horario.
Adicionalmente, se limitará la circulación en las inmediaciones del comando policial, uno de los puntos más vulnerables ante posibles atentados.
A estas acciones se suman otros siete municipios del departamento —Ciudad Bolívar, Chigorodó, Nechí, Zaragoza, Caucasia, El Bagre y Segovia— que han adoptado medidas similares para hacer frente a la amenaza de alteraciones al orden público.
Ola de violencia deja víctimas en la fuerza pública
El temor en la región ha aumentado tras los ataques dirigidos contra miembros de la fuerza pública, que dejan hasta el momento un saldo de ocho uniformados muertos, entre ellos cinco policías y tres soldados, además de más de 20 heridos, incluyendo un civil.
En respuesta a esta situación crítica, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita prevenir nuevos atentados o capturar a los responsables de los hechos violentos.
Mientras tanto, se mantienen operativos conjuntos entre el Ejército Nacional y la Policía en los municipios afectados, con patrullajes reforzados y puntos de control en las zonas más vulnerables.
Las autoridades locales han hecho un llamado a la población para acatar estrictamente las restricciones impuestas y colaborar con información que pueda contribuir al restablecimiento de la tranquilidad en la región.
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