La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusaciones contra nueve exfuncionarios y excontratistas de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
Según la entidad, estas personas deberán responder en juicio por presuntos delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
La investigación se centra en tres contratos interadministrativos, firmados entre mayo de 2020 y octubre de 2022, para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con un valor total de 17.450 millones de pesos.
Según la Fiscalía, estos recursos, administrados por Metroparques, habrían sido desviados hacia empresas privadas mediante contrataciones irregulares.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos por 2.415 millones de pesos a una empresa privada, 1.131 millones a una presunta empresa de papel y 848 millones a otra sociedad, sumando un total de 2.800 millones de pesos en apropiaciones indebidas.
Adicionalmente, en 2021, Metroparques habría cambiado la modalidad de contratación, incumpliendo los principios de igualdad y pluralidad de oferentes.
La Fiscalía también señaló la existencia de sobrecostos, mal manejo de inventarios y falta de claridad en la información presentada durante la ejecución de los contratos.
¿Quiénes son los acusados?
Entre los exfuncionarios públicos acusados están:
– Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
– Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques.
– Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques.
– Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana.
Los particulares involucrados son:
– Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez
Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de las empresas contratistas.
La Fiscalía advirtió que continuará con las investigaciones para esclarecer el presunto desvío de recursos públicos y garantizar la transparencia en los procesos judiciales.
Mientras tanto, los acusados enfrentarán un juicio que podría establecer responsabilidades por el manejo irregular de los contratos en el Parque de las Aguas.
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